Viernes 22 de Junio del 2018

El fin de los carteles en el negocio naviero

Mientras los demás actores navieros a nivel mundial están preocupados porque la multa a CSAV fue la primera sanción para castigar una conspiración internacional para manejar precios, a nivel regional se estima que las autoridades fiscalizadoras también tomen cartas en el asunto.

Mientras los demás actores navieros a nivel mundial están preocupados porque la multa a CSAV fue la primera sanción para castigar una conspiración internacional para manejar precios, a nivel regional se estima que las autoridades fiscalizadoras también tomen cartas en el asunto.

 

Un profundo impacto causó en la industria naviera mundial la multa por US$8,9 millones que le aplicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la empresa chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), por conductas contra la competencia cometidas entre los 2000 y 2012, es decir cuando la firma estaba bajo el control del Grupo Claro (en 2012 los Luksic tomaron el control). La gravedad del asunto es que, según los fiscales antimonopolios del Departamento de Justicia, el lícito consistió en que Vapores conspiró para fijar precios, asignar clientes y ofertas de plataforma de servicios de transporte de carga y descarga marítima internacional (de vehículos, como autos o camiones), desde y hacia Estados Unidos, y otras partes.

 

Y en ese sentido, el resto de la industria está muy preocupada, considerando que la justicia norteamericana determinó que hay una serie actores que participaron en esta conspiración para delinquir (en Estados Unidos es considerado un delito criminal). De hecho, sostiene que la chilena y su co-conspiradores llevaron a cabo la conspiración (en reuniones y comunicaciones) con la “intención de eliminar o suprimir a la competencia. En estas se habrían acordado precios, distribución de clientes, abstenciones de hacer una oferta uno contra el otro, y el intercambio de información sobre los precios al cliente. El Departamento de Justicia, argumentó que las empresas, cobraron, tarifas/entradas de acuerdo a los pactos para los servicios internacionales de transporte marítimo, para ciertas cargas y descargas, desde y hacia Estados Unidos y otros lugares, a precios colusorios y no competitivos”.

 

Al referirse a este delicado caso, en el cual Vapores decidió declararse culpable y firmar un acuerdo (Plea Agreement) con el Departamento de Justicia, el gerente general de la chilena, Oscar Hasbún, explicó que “en septiembre de 2012, con la notificación de inicio de la investigación, el directorio y la administración se enteró de la posibilidad de que estas prácticas existieran dentro de CSAV. Inmediatamente, y con el acuerdo y mandato unánime del directorio, decidimos prestar colaboración, instruimos una investigación interna y tomamos una serie de medidas para reforzar todos los procesos de control interno y entrenamiento de las fuerzas comerciales y de tráfico de la empresa alrededor del mundo.

 

En ese contexto, se enmarca la creación del cargo de Oficial de Cumplimiento, cuyo foco principal de atención es justamente el respeto a las normas de libre competencia en todo el mundo”.

 

Y en ese sentido, el ejecutivo del Grupo Luksic agregó que “durante la investigación, y en contravención con las políticas de la empresa, se detectaron conductas contrarias a la libre competencia, frente a lo que se decidió llegar a un acuerdo con la autoridad norteamericana, que es el que se ha informado”.

 

El temor de los operadores marítimos internacionales pasa porque la justicia de Estados Unidos pretende llegar hasta el fondo de esta conspiración, pues señaló enfáticamente que “los cargos son los primeros en ser presentados en la investigación de la División Antimonopolio en la manipulación de ofertas y fijación de precios de servicios de transporte oceánico”, afirmó Bill Baer, abogado asistente general a cargo de la división antimonopolio del Departamento de Justicia.

 

La arremetida de la justicia estadounidense también cayó como “balde agua fría” en la industria naviera, considerando que para enfrentar la crisis que se arrastra desde el 2009 las compañías están recurriendo a la conformación de alianzas para ahorrar costos, generando convenios de cooperación y así adquirir mayor participación de mercado. Así, han surgido el P3 (Maersk, CMA y MSC), el G6 (Hapag-Lloyd, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas Container Lines, APL, Hyundai Merchant Marine y Mitsui OSK Lines) y CKYHE (Cosco, K-Line, Yang Ming, Hanjin Shipping y Evergreen Line). Y la combinación de contenedores entre CSAV y Hapag-Lloyd, seguiría esta tendencia.

 

Pero la investigación de las citadas prácticas contra la competencia en el negocio naviero no sólo podría quedarse a nivel internacional. Es así como, según fuentes de la industria, las autoridades regionales en sudamerica tiene desde hace un tiempo bajo la lupa las conductas de este sector.

 

La preocupación radicaría especialmente en los carteles que posiblemente podrían formarse por medio de las conferencias marítimas, que consisten en agrupaciones de compañías navieras que proveen servicios internacionales de transporte regular de carga en una o más rutas particulares, principalmente en contenedores, en cuyo marco acuerdan diversas condiciones para la provisión de sus servicios, operando bajo tarifas comunes o uniformes.

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